La supervisión de la TCU y las garantías constitucionales del proceso

Resumen

Las actuaciones del Tribunal Federal de Cuentas (TCU) se rigen por preceptos legales que, según se ha demostrado, carecen de una aplicación sustancial en lo que respecta al ejercicio del derecho a la defensa plena y al debido proceso. Este estudio investigó la estructura y la naturaleza jurídica de sus actuaciones para situarlas adecuadamente en el contexto jurídico nacional. Mediante un análisis basado en situaciones actuales y relevantes relativas a los procesos de licitación y la supervisión de obras y servicios de ingeniería, el estudio buscó comprender cómo se fundamentan dichas decisiones para analizar el daño potencial que una auditoría puede ocasionar a los derechos y garantías de los funcionarios públicos. Su objetivo fue demostrar la delicada situación de estos trabajadores en el ejercicio de funciones que requieren conocimiento de diversas leyes, reglamentos y directrices jurisprudenciales que están en constante cambio y se aplican de manera que no se consideran en profundidad los casos específicos, generando la expectativa de que, al realizar diversos actos, serán sancionados y multados en casos donde las responsabilidades no están claramente definidas. Esta situación caracteriza un derecho administrativo del miedo, con repercusiones en la creación de un clima organizacional que reduce la productividad. Se concluye que hay poca efectividad en recurrir al Poder Judicial por violación del Artículo 5, LV, de la Constitución, que trata sobre la necesidad del debido proceso y defensa plena, porque la opinión predominante es que, incluso cuando se utiliza solo evidencia documental, los procedimientos ante el TCU (Tribunal Federal de Cuentas de Brasil) no infringen la norma constitucional antes citada, ya que existe una disposición reglamentaria en la Ley 8.443/1992 que le permite regular sus procedimientos.