Obligaciones de la administración pública en el Estado de Derecho Constitucional

Resumen

Este artículo busca investigar hasta qué punto la aplicación de parámetros como la alteridad y la razón sensible, en consonancia con el Estado de Derecho Constitucional, debe influir en la acción administrativa. El Estado de Derecho Constitucional impone cambios de comportamiento y paradigmáticos al Estado; lo que antes se consideraba un derecho de los ciudadanos se convierte en una obligación estatal. La propia democracia debe ajustarse para no interferir con los derechos fundamentales que representan ámbitos intangibles de la ciudadanía. Las garantías constitucionales adquieren fuerza vinculante, dejando de tener la mera función de establecer límites. La discrecionalidad administrativa, antes amplia y limitada únicamente por la estricta legalidad, queda constitucionalmente sujeta; la ley deja de ser vista como un simple conjunto de reglas aplicables por subsunción. La premisa era que los valores consagrados en la Constitución Federal dejan de ser meras abstracciones teóricas sin conexión práctica y se convierten en verdaderas obligaciones de la Administración Pública hacia los ciudadanos. Se llegó a la conclusión de que la norma fundamental incorpora otro matiz y comienza a exigir soluciones administrativas coherentes con los principios que encarna. La validez normativa resulta insuficiente; la aplicación normativa también requiere un juicio de validez. Los actos administrativos y las normas formales deben superar el filtro de las razones sensibles que impregnan la posmodernidad.